Publicado el 16/05/2025 por Administrador
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Washington, D.C.—En una sesión que ha captado la atención de todo el país, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este 15 de mayo los argumentos en un caso que podría cambiar radicalmente uno de los principios constitucionales más arraigados: la ciudadanía por nacimiento. El debate gira en torno a una orden ejecutiva emitida por el expresidente Donald Trump, que busca restringir ese derecho para los hijos nacidos en suelo estadounidense de padres indocumentados o sin residencia legal permanente.
La medida, firmada por Trump en enero de 2025 tras su regreso al poder, ha sido bloqueada por cortes federales en diversos estados, las cuales han sostenido que la orden va en contra de la 14ª Enmienda de la Constitución. Este artículo garantiza que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos del país”, una cláusula que ha servido como pilar del sistema migratorio por más de 150 años.
Durante la audiencia, los magistrados mostraron una clara división ideológica. Los jueces conservadores pusieron en tela de juicio la capacidad de los tribunales federales para dictar medidas de alcance nacional, mientras que las magistradas liberales, como Sonia Sotomayor y Elena Kagan, se mostraron preocupadas por el impacto real de permitir una aplicación fragmentada de la norma en distintos estados.
Uno de los puntos más debatidos fue si un solo juez puede detener a nivel nacional una política del Ejecutivo. Jeremy Feigenbaum, procurador general de Nueva Jersey y vocero de una coalición de más de 20 estados que se oponen a la medida, advirtió que permitir su implementación abriría la puerta a un mosaico jurídico donde el derecho a la ciudadanía dependería del código postal en el que se nace.
El caso ha encendido las alarmas en comunidades migrantes. Barbara, una mujer cubana embarazada que busca asilo en Kentucky, teme que su hija no sea reconocida como ciudadana estadounidense si la orden entra en vigencia. Como ella, decenas de miles de futuras madres se sienten amenazadas por una medida que pone en entredicho los derechos adquiridos al nacer.
Aunque la Corte no está resolviendo aún si la orden ejecutiva es constitucional, sí se pronunciará sobre si los jueces federales pueden emitir bloqueos de carácter nacional. La decisión sentará un precedente que podría limitar la autoridad judicial frente a políticas del Ejecutivo, redefiniendo los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado.
Organismos de derechos civiles, universidades y asociaciones de inmigrantes han advertido que el fallo afectará a más de 150.000 niños nacidos cada año en EE.UU. de padres sin estatus legal. De declararse válida la orden, se abriría la puerta a una reinterpretación inédita del concepto de “sujeto a la jurisdicción”, base de la nacionalidad por nacimiento.
Se espera que la Corte emita su decisión entre finales de junio y principios de julio. Lo que está en juego no es solo el destino legal de una orden presidencial, sino la definición misma de qué significa ser estadounidense desde el momento de nacer.
